El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, denunció penalmente en la Justicia que el 50% de los comedores que estaban incluidos en el Plan Nacional Argentina Contra el Hambre no existían.
El programa fue creado durante la pandemia y en el escrito la cartera a cargo de Sandra Pettovello describió que los datos de inscripción no coincidían con los reales, o que nunca funcionó en el domicilio declarado, mientras que otros tantos dejaron de funcionar como comedores.
El escándalo en la asistencia social se suma a otras denuncias que son investigadas por la Justicia, donde las auditorías revelaron distintas irregularidades, como en el Plan Trabajar o en la Pensión Universal, en la que los beneficiarios no cumplían con los requisitos.
Los controles cruzados entre el ministerio, el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM) permitieron sacar a la luz varias inconsistencias en los procesos de otorgamiento de la ayuda, que comenzó a darse en 2020.
En Nación explicaron que se alcanzó a relevar el 52,3% de los comedores que estaban inscriptos en el Renacom, pero que el 47,7% restante no se controló porque fueron considerados como «inexistentes» por varios motivos.
Entre estas causas, el 32% dejó de funcionar; el 25% de los datos no coincidió con la preinscripción (es decir, se encontraron con domicilios que no existían o en las que no había ningún comedor); por último, el 16% da cuenta que se declararon direcciones donde nunca funcionó una de estas organizaciones sociales.
El caso más emblemático es el comedor Gauchito Gil. Al momento del control, las autoridades actuales describieron que en el domicilio citado hay un barrio privado.
Por ello, la cartera de Pettovello decidió denunciar a las autoridades anteriores por incumplimiento de funcionario público y fraude a la administración pública.
La auditoría dio la pauta de que el gobierno anterior «no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería».
En el escrito se sostuvo que «la ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento».
Fuente: TN
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