La resolución del juez Sarmiento fue el 10 de enero pasado, luego de más de un mes de audiencias y debates con posturas encontradas. El uso de celulares en las cárceles de Mendoza fue permitido en la pandemia tras la suspensión de las visitas presenciales por Covid-19. Para garantizar el derecho de comunicación de los internos permitieron el ingreso de los teléfonos cuyos números debían ser previamente registrados por el Servicio Penitenciario.
La prórroga de ese decreto nacional terminó en diciembre del 2023, por lo que el magistrado determinó la ilegalidad de la tenencia de celulares por parte de los internos como cualquier persona en libertad, y ordenó que se retiraran cuando el Servicio Penitenciario instalara teléfonos que estuvieran a disposición de toda la población carcelaria para que no perdieran ese acceso a la comunicación.
Esto fue imposible de instalar debido a que ya no existen los teléfonos públicos, y hasta el momento no definieron cómo podrán hacerlo.
Audiencia por el uso de celulares en las cárceles de Mendoza
En la audiencia realizada en la mañana de este lunes presidida por la ministra de la Corte Teresa Day, acompañada por los jueces Dalmiro Garay y José Valerio, tres defensores públicos, integrantes de la Asociación civil Verdad y Justicia de Mendoza, y el Ministerio Público Fiscal expresaron su postura en contra y a favor del fallo que prohíbe que los presos usen celulares.
El primero en exponer fue el subrogante de la Defensoría Oficial 21 en representación de la defensa pública y de los defensores de las cuatro circunscripciones del Poder Judicial, quien solicitó que se revoque dicho fallo debido a que «el DNU 7023 prorrogó la autorización de tenencia de celulares en las cárceles hasta el 31 de diciembre del 2025«.
Sostuvo que en caso de retirar los celulares del penal: «Se afecta al derecho de comunicación de las personas privadas de la libertad. El juez Sebastián Sarmiento se aparta del decreto de emergencia y no da fundamentos suficientes de por qué dice que no es aplicable y por qué entiende que no hay una emergencia sanitaria». El abogado indicó que la emergencia sanitaria hoy subsiste y también una emergencia económica, financiera, fiscal y administrativa, lo que provocó grandes ajustes y recortes en el Estado.
«De esta manera no podría ser aplicable la instalación de teléfonos públicos o semipúblicos en los diferentes sectores de las cárceles de Mendoza porque provocaría un gran gasto al Estado. Es contradictorio el fundamento del juez Sarmiento«, agregó el defensor público.
«No pretendemos que esto sea de forma indefinida, sino que pedimos esta autorización mientras dure esta prorroga del DNU lo que da tiempo suficiente para que se adecúen reformas legislativas o se instalen teléfonos«, aclaró el defensor.
Por su parte, la abogada Marcela Saffi sostuvo que el uso de celulares de los internos es beneficioso debido a que trae mucha calma, baja los niveles de ansiedad y agresividad porque pueden estar conectados con sus familiares y sus defensores cuando lo necesiten.
Además, la tenencia de los mismos favorece a la realización de cursos, capacitaciones y estudios, debido a que la sala de informática que tiene la penitenciaría es insuficiente y no todas las computadores están aptas para su uso.
Agregó: «Ahora el contacto es fluido con los internos y nos enteramos de todo en el momento, problemas de salud, habeas corpus, sanciones y demás, que de otra manera no podríamos saber día a día. Con eso hasta nuestra tarea es más eficiente«.
La defensora oficial Isabel Pérez Palacios propuso un sistema para que los presos puedan tener celulares y que sean monitoreados para evitar que cometan delitos con los mismos, como estafas.
«Se puede controlar y garantizar tener comunicación segura con el control del uso de celulares y mediante dos redes con diferentes niveles de seguridad, uno para el personal penitenciario y otro restringido para los internos para filtrar contenidos y registros de llamadas para determinar si se está realizando una estafa, se detecta y la llamada se corta en el momento», explicó Pérez Palacios.
Indicó que también sirve para que no puedan incorporar chips no autorizados ya que solo pueden funcionar los que están registrados. «Es una programación que no es de alto costo para el Estado. Estas medidas de seguridad se pueden implementar sin afectar los derechos de los internos«.
Esta propuesta va de la mano a que «no se realizó inversión en los penales para garantizar la comunicación de los presos, como teléfonos semipúblicos o públicos».
La Asociación Civil de Verdad y Justicia Mendoza hizo foco en el derecho de las personas privadas de la libertad que está en varios tratados internacionales. Indicó que es fundamental la comunicación de los presos con sus familiares, y en especial con sus hijos. El fallo del juez Sarmiento autorizaba solamente a las mujeres con hijos a que continuarán con sus celulares.
Lucas Soler indicó que este derecho corresponde a las mujeres y también a los hombres que son padres, ya que los chicos tienen la necesidad de estar en contacto con sus padres. También destacó el beneficio que esto trae a los internos.
La postura del Ministerio Público Fiscal el uso de celulares en las cárceles
Fernando Guzzo, en representación del Ministerio Público Fiscal fue todo lo opuesto y adhirió en gran parte al fallo del juez Sarmiento emitido el 10 de enero pasado. Dijo: «El juez fue claro de por qué consideraba que el DNU no era válido, y hoy hablar de pandemia es un hecho histórico».
«Todo lo vinculado con comunicación el Ministerio Público Fiscal jamás estuvo en contra, pero no en la forma en la que se esta llevando a cabo donde un preso tiene el celular a disposición las 24 horas del día como cualquier persona que está en libertad», sostuvo Guzzo.
Señaló que el Estado debe garantizar el derecho a la defensa, a la educación y a la salud desde antes de la pandemia. «Con la orden que se ejecute que se quiten los celulares será responsabilidad del Estado que se cumpla con estos derechos. La educación no solamente debe ser a través del teléfono».
Indicó que se detectaron delitos cometidos con el uso indiscriminado de celulares dentro de los diferentes penales, lo que significa un riesgo para toda la población.
El único punto en que Guzzo expresó que estaban en contra del fallo fue que solo se podían retirar los celulares en aquellos pabellones o sectores de los penales donde se instalaran teléfonos públicos: «Ganamos para perder» y agregó que Sarmiento no tiene competencia para ordenar esa medida.
Por lo tanto, reiteró ante el tribunal «que se ordene la ejecución inmediata de retiro de celulares por violar la ley».
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