Se trata de Declaraciones de Impacto Ambiental para proyectos de exploración ubicados en el departamento de Malargüe. La aprobación fue por mayoría de votos. La Cámara de Diputados avanzó hoy en la ratificación de 34 Declaraciones de Impacto Ambiental para proyectos de exploración en el denominado Malargüe Distrito Minero. La media sanción fue por mayoría de votos, con 39 afirmativos 5 negativos y 2 abstenciones.
Los 34 proyectos de exploración, que se ubican en el departamento de Malargüe, son: EI Seguro; Campeones; Canillitas; Conejera; Dibu; Fideo; Hechicera; La Herradura; La Pechera; Los Azulejos; Mate Amargo; Mochileros; Papu; Pehuenche Oriental; Vecindario; Los Galgos; Las Arañas; Las Estrellas; La Meli; Elena; EI Perdido; Cerro de la Virgen; Merlot – Sirah; EI Toro; Porticos; Malbec; Calmuco; EI Montón; Los Carrizos; Minue; Riesling; Valenciana; Lego y Huemul.
El proceso para llegar hasta esta instancia recorrió un largo camino. Según se destaca en la fundamentación, contó con «un amplio proceso de participación ciudadana, que fue integrado por talleres participativos, visita abierta a la comunidad para conocer un proyecto de exploración, audiencia pública con amplia difusión, posibilidad de presentaciones por escrito incluso días posteriores a la audiencia pública, y compulsa pública de las actuaciones donde obraba toda la información del procedimiento, en las páginas web de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental».
Tras cumplimentar las etapas técnicas y legales necesarias, estos proyectos obtuvieron sus respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) a través de Resoluciones Conjuntas, quedando como último paso la ratificación legislativa, tal como lo dispone el Artículo 3º de la Ley Nº 7722.
Para llegar a esta instancia, tras presentarse el proyecto en la Cámara de Diputados, el plenario de las comisiones de Economía, de Legislación y Asuntos Constitucionales, y de Ambiente y Recursos Hídricos, recibió a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto al intendente de Malargüe, Celso Jaque; las explicaciones técnicas por parte de la Subsecretaría de Ambiente, la Dirección de Minería, la de Protección Ambiental, el sector científico/académico con la exposición del decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, de la Universidad Nacional de Cuyo, y finalmente, a representantes de distintos sectores tanto de la sociedad civil como empresarios, académicos y estudiantiles, para escuchar la opinión de todos los interesados.
La media sanción obtuvo el voto afirmativo de 39 diputados. En tanto, hubo 5 votos negativos de Emanuel Fugazzotto (PV), Jorge Difonso (LUM), Rolando Scanio (LUM), Valentina Morán (PJ) y Gabriela Lizana (FRLN), y 2 abstenciones, de José Luis Ramón (CyC) y Roxana Escudero (PJ).
Debate
Érica Pulido (UCR), miembro informante en el recinto, dijo que «hay nuevos desafíos en materia ambiental para disminuir el impacto del cambio climático, siendo una de las principales acciones la de disminuir y dejar de depender de los hidrocarburos y de otros combustibles fósiles», lo cual «nos obliga a promover y consumir energías renovables y limpias, que generen bajas emisiones de gases de efecto invernadero».
Para que esa transición energética se dé, agregó, «es indispensable contar con recursos que permitan el desarrollo de una nueva matriz energética y el cobre es uno de los elementos claves».
En este sentido, manifestó que «se necesita saber qué es lo que tenemos, cuánta cantidad y a qué profundidad. Se necesita monitorear este material, y para que esto se dé, se debe transitar un largo camino que se desarrollará con responsabilidad, protegiendo el ambiente, haciendo eficiente el uso de los recursos, con responsabilidad social y sobre todo con transparencia. Así, aseguraremos que Mendoza pueda satisfacer las necesidades de la transición energética actuando en línea con los objetivos de sostenibilidad que demanda el país y el mundo».
«Estos primeros 34 proyectos, representan una minería moderna y responsable», expresó, añadiendo que Malargüe Distrito Minero Occidental, es un «concepto creado por los alumnos de la escuela técnica de Malargüe», que los proyectos en cuestión «equivalen al 37,5% de la superficie total», y que todo el proceso, «nos posiciona ante una minería responsable, sustentable y transparente».
Por su parte, Alberto López (UCR), realizó un repaso jurídico de los proyectos propuestos y del procedimiento administrativo dado. «Este es un acto administrativo, jurídico. La Legislatura puede aceptarlo o rechazarlo según lo establece la Ley 7722», refrendó y destacó que «el pueblo de Malargüe lo pide, las autoridades de Malargüe lo piden».
A su turno, José Luis Ramón (CyC), quien se abstuvo a la hora de la votación, sostuvo que «se habla de desarrollo económico» sin hablar de «calidad institucional», y que si bien el intendente de Malargüe ha señalado que «esto generará trabajo y desarrollo económico en el departamento», ese «desarrollo no irá de la mano de la calidad institucional». Además, afirmó que se cae en la «trampa de crear sociedades anónimas que no tendrán la obligación de rendir cuentas».
En tanto, la diputada Jimena Cogo (PRO) manifestó que lo que se está ratificando es un proceso de exploración, que tiene «impacto mínimo» y que busca «determinar si el potencial geológico es un potencial minero». En esa línea, expuso que «la única manera de poder saberlo es explorando», y que «en la discusión de ambientalistas y pro-mineros debemos encontrar puntos que nos lleven al consenso. Necesitamos hacer la transición energética, y eso se realiza con minería también».
En la misma línea, señaló que «en Malargüe tenemos minería, y esa es nuestra identidad cultural, productiva, y nuestra historia. Por eso es que en Malargüe hay consenso social, somos fruto de las generaciones que trabajaron en las minas de carbón, uranio, y cuentan su historia y el desarrollo de su pueblo. No hay temores».
Desde el bloque Mejor Mendoza, Mauro Giambastiani sostuvo que «en la provincia era necesario actualizar las leyes mineras», algo en lo se ha trabajado y permitirá que «en Mendoza se de lo que se viene en el mundo». De la misma manera, indico que la Ley 7722 «está vigente» y que «lo que aquí debatimos es lo que pasará en Malargüe, y este departamento se ha expresado a favor de la exploración. Tenemos que avanzar. La pobreza hay que combatirla y Malargüe necesita de esto para progresar».
La diputada Valentina Moran (PJ) adelantó su voto negativo manifestando que «no podemos salir de la dicotomía entre minería sí o no. Tengo en claro que estamos en una etapa de exploración, es una oportunidad para Malargüe», pero «mi posicionamiento es que siento que no logramos discutir cuál es el modelo de desarrollo. La Lógica extractivista es la discusión que no hemos saldado».
En otro orden, Edgardo Civit Evans (PJA-LUM), adelantó el voto positivo «porque respetamos los derechos del pueblo de Malargüe». Si bien dijo tener «reservas sobre ciertos temas», aseguró que «el progreso está por encima de todo y podemos y debemos seguir discutiendo porque este es el primer paso, es solo la investigación de si existe mineral».
Por su parte Rolando Scanio (LUM), votó de manera negativa por su «compromiso y convicciones con el cuidado del ambiente, basado en dudas y compromiso con la gente de mi región».
Por otro lado, Gustavo Cairo (LLA), votó positivamente expresando que «es una oportunidad para Mendoza tener su cuarta pata, que es la minería. Pegadito a la montaña, los chilenos producen 10 mil millones de dólares en cobre y nosotros nos damos el lujo de producir cero, como si fuéramos los multimillonarios del mundo. Creo que el amplio nivel de consenso, más allá de alguna disidencia, da esperanzas no solo a los ciudadanos de Mendoza, sino también a quienes vean a la provincia como una posibilidad de inversión».
Sol Salinas (Unión PRO), expresó en esa línea que «tanto los que están en contra y los que están a favor sabemos que no podemos vivir sin minería. No es Malargüe, es Mendoza entera la que se beneficia, es la región entera y el país» porque «es una de las actividades con mayor expansión», a lo que agregó que «esperamos que las próximas generaciones dentro de 10, 15 y 20 años, sigan transparentando y mejorando estos procedimientos de los que hoy sentamos las bases».
Gabriela Lizana (FR-LN), quien votó de manera negativa, indicó que «si vamos a estudiar y fomentar la actividad de la minera con sostenibilidad debemos hacerlo con otras áreas productivas de la provincia». Sumó que «si los productores no están unidos para defender el agua, no lograremos reciprocidad ya que vemos que se apoya algunas actividades en detrimento de otras», y que «el todo es más que la suma de las partes».
El diputado Guillermo Mosso (PRO Libertad), manifestó que «no hay afectación de cuencas, de glaciares. Se respeta la flora y la fauna, se tienen en cuenta los derechos de comunidades originarias, de los trashumantes puesteros, y con una batería de planes de manejo ambiental de cumplimiento muy estricto». Tras asegurar que «ha habido y van a haber controles», recordó que «han dictaminado 13 organismos del Estado, los cuales tienen personal técnico calificado», por lo que consideró que «hay que traer confianza y tranquilidad a la sociedad mendocina».
«Malargüe desde su nacimiento ha sido minero y petrolero. No tenemos nosotros el derecho de negarle la posibilidad de que se desarrolle, sobre todo cuando no comparte la misma geografía que toda la provincia», subrayó.
Emanuel Fugazzotto (PV), rechazó la iniciativa postulando que «no tenemos que hablar de proyectos, tenemos que hablar de cartas de intención de desarrollo de 34 locaciones en las que se pretende realizar minería. Cuando sepamos si realmente esas locaciones están en condiciones o no, recién ahí se va a poder hablar de un proyecto minero». De igual manera indicó que «aspiracionalmente creo que lo que se está planteando es bueno», «es perfectible hacia el futuro, pero no me da garantías» porque «hay abandono de los entes de control».
Jorge Difonso (LUM), también mostró su disconformidad con el proyecto. Opinó que «no se cumple con la Ley 7.722, y no hay dictámenes sectoriales técnicos de los municipios de la cuenca con sus correspondientes audiencias públicas en esos municipios, me refiero a San Rafael y Alvear. Se quiere correr al departamento de Malargüe de la provincia, toda una Ley que aplica en toda la provincia menos en un departamento», a lo que agrego que hay «más de cuarenta objeciones en la audiencia pública que no fueron respondidas».
German Gómez (PJ), acompañó con su voto el proyecto y afirmó que quienes se oponen «lo que no quieren es la minería. Y no quieren nada. Hay que empezar a discutir con hechos y con datos que hacen a la verdad. Cambien el guion, ya no les cree nadie. Usan estas discusiones para seducir a un electorado que hoy no lo tienen».
«No escuché a ninguno de los que votan el no decir qué vamos a hacer con la pobreza en la República Argentina y en Mendoza. Hay un millón de mendocinos que reclaman alguna propuesta para diversificar esa matriz productiva»; si no quieren minería, «presenten con sus legisladores nacionales, o ustedes mismos la derogación absoluta, llana y absoluta del Código de Minería de la República Argentina. Pero dejen de hacer una cierta apología del delito y decir que esto no hay que hacerlo», esgrimió.
Finalmente, Cecilia Rodríguez, titular del bloque UCR, hizo referencia a una Resolución publicada en el Boletín Oficial, en la que «constan todas las respuestas que recibieron las personas que, de cualquier forma, pudieron participar de la audiencia pública»; destacó que el tratamiento dado a este tema «ha sido respetuoso, serio, en el que las distintas dimensiones de este expediente se han analizado en profundidad, desde el ámbito legal, ambiental, socioeconómico, la participación», y cerró: «el territorio no tiene que ver solamente con la geografía, sino que tiene que ver con la historia de un lugar, con su futuro, expectativas y con su presente», por ello destacó la voz de docentes, estudiantes y profesionales malargüinos que se expresaron en los plenarios de comisiones en los que se estudió el proyecto.
Fuente: hcdmza.gob.ar
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