El Gobierno sigue dando pasos para privatizar las empresas públicas. Esta vez, lo hizo a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), con una disposición para que sea más fácil vender a privados las participaciones del Estado en empresas que tengan el control de compañías de energía y gas que coticen en el mercado local.
Cuando una firma tiene parte de su capital en la Bolsa y hay un cambio del accionista mayoritario, el comprador está obligado a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios para comprarles su participación en términos equitativos.
Ahora, mediante la Resolución General 1037, la CNV modificó los supuestos de las OPA para el caso de un cambio de manos en la empresa controlante de una compañía que cotiza en Bolsa. El cambio aplica cuando el Estado tenga el 50% o menos del capital de la controlante.
Un caso que cumple con estas condiciones se daría con la privatización de Energía Argentina (ex Enarsa), que tiene la mitad de las acciones de la empresa Citelec, controlante de Transener. Esta última empresa se dedica al transporte de energía de alta tensión y extra alta tensión y cotiza en Bolsa, con ganancias mayores al 110% en lo que va del año.
Según explicó la CNV, la modificación contempla la situación en la que un nuevo accionista privado asume la posición del Estado (que actúa como vendedor) pero mantiene intacta la participación accionaria de la sociedad controlante en la empresa afectada. Esto incluye que el comprador adhiera a los acuerdos preexistentes, si los hubiera, para asegurar la continuidad en la gobernanza y operación, tanto de la sociedad controlante como de la empresa cotizante.
De esta manera, el organismo regulador del mercado entiende que no habría un cambio efectivo en el control y, por lo tanto, no se justifica la necesidad de activar el mecanismo de la OPA. “Esta normativa busca eliminar barreras regulatorias que no aportan valor al propósito de protección del interés público, facilitando los procesos de privatización”, sostuvo el organismo en un comunicado.
En el mismo texto, el titular de la CNV, Roberto E. Silva, resaltó: “La normativa dictada impulsa el equilibrio entre el interés público, la protección de los inversores y la necesidad de fomentar un entorno jurídico adecuado para la transferencia de activos por parte del Estado Nacional”. Y agregó: “Continuamos trabajando en línea con los objetivos del Gobierno Nacional, día a día, como lo hemos hecho desde el inicio de la gestión”.
Cuáles son las empresas que el Gobierno quiere privatizar
La normativa que se publicó hoy abarca a empresas que el Gobierno quiera privatizar y que sean controlantes de otras que cotizan en la Bolsa. Según el texto de la Ley Bases, Energía Argentina (ex Enarsa) e Intercargo quedan sujetas a privatización total, mientras Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad operadora ferroviaria S.E. (Sofse) y Corredores Viales pueden privatizarse o entregarse en concesión.
A la vez, la Ley Bases indica que Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) podrán incorporar capital privado de manera parcial, aunque el Estado tendrá que retener la mayoría accionaria.
Además, el Gobierno busca privatizar Aerolíneas Argentinas mediante una ley que se envió al Congreso. También está avanzado el proceso para transferir las acciones de la histórica metalúrgica Impsa.
En paralelo, las autoridades ya informaron su intención de pasar a manos privadas las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue. Son las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas sobre el Río Limay en Neuquén y Río Negro.
Fuente: TN
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