Con el ingreso del proyecto de Ficha Limpia al Congreso, se inició el período de sesiones extraordinarias. Diputados y senadores tendrán cinco semanas para buscar consensos, por lo menos en algunos de los temas que habilitó el presidente Javier Milei para discutir en las cámaras legislativas.
La iniciativa de Ficha Limpia propone una modificación a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y establece que una persona con una condena en segunda instancia no podrá presentarse a elecciones. Esta situación impediría a Cristina Kirchner volver a ser candidata.
Además, el proyecto será un factor de mayor distanciamiento entre los libertarios y Unión por la Patria (UxP). Desde el bloque liderado por Germán Martínez en la Cámara de Diputados fueron contundentes en su dictamen de noviembre pasado, al rechazar la iniciativa impulsada por Silvia Lospennato, del PRO. Según UxP, el proyecto “colisiona abiertamente con la Constitución Nacional” al proponer impedimentos para ser candidato sin una sentencia condenatoria firme.
El debate fracasó en dos oportunidades por falta de quórum. En la última sesión, el 28 de noviembre, se ausentaron ocho diputados de La Libertad Avanza y tres del PRO, lo que generó frustración en Lospennato, quien se quebró en su banca. Poco después, recibió el compromiso del presidente Javier Milei de trabajar en un nuevo texto. Ese proyecto ingresó a la Cámara baja el viernes, minutos antes del cierre de la jornada.
“Ficha Limpia es más que una ley: es un compromiso con la transparencia, la justicia y el juego limpio en la política. Es un paso esencial para erradicar la corrupción y fortalecer la democracia en nuestro país. Ahora, más que nunca, es el momento de demostrar que la ética y la responsabilidad son los pilares sobre los que construiremos el futuro de nuestro país. El mensaje del presidente Javier Milei es claro: ‘En la Argentina no hay tolerancia a la corrupción, se la condena’”, posteó en las redes el ministro de Defensa, Luis Petri encargado por el jefe de Estado a encarar la redacción de la nueva iniciativa.
El proyecto será girado desde la presidencia de Diputados, que encabeza Martín Menem, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz. El ministro Luis Petri sería uno de los primeros invitados al Parlamento a explicar la iniciativa.
El resto de los proyectos
Entre los proyectos ingresados está la Ley Antimafia, que ya fue aprobada por Diputados. La iniciativa tiene, desde el 13 de noviembre, dictamen de las comisiones del Senado y está en condiciones de llegar al recinto próximamente. El proyecto propone una profunda reforma del Código Penal, penalizando de la misma forma a todos los miembros de bandas delictivas o asociaciones ilícitas. Anteriormente, las penas variaban según la participación de cada miembro en el delito. La pena más alta que reciba un integrante por el delito más grave se aplicará a todos los miembros de la organización, ya que se los considera partícipes necesarios del acto delictivo.
En el proyecto se toman como referencias internacionales las luchas contra el crimen organizado en Italia y en los Estados Unidos. El Código Penal italiano establece condenas no solo a quienes reciban dinero de las mafias, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente. En Estados Unidos se sancionó la denominada ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), una ley federal aprobada en 1970. Permite enjuiciar a personas debido a su pertenencia a una organización criminal. Permitió condenar a los jefes de la Cosa Nostra, Frank Animal, en 1981 y a Anthony Salerno, otro jefe de la familia Genovese en 1987.
La iniciativa de Juicio en Ausencia del imputado plantea una reforma al Código Procesal Penal y al Código Procesal Penal Federal con la finalidad de regular esta implementación. Cuenta con el dictamen de comisión de Legislación Penal que preside Laura Rodríguez Machado (PRO) y con un dictamen de mayoría, con las firmas de los libertarios, el Pro, la UCR, entre ellos Soledad Carrizo y las disidencias de Fernando Carbajal y Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Ramiro Gutiérrez de UxP. Hay dos dictámenes en minoría y en condiciones de llegar al recinto de Diputados.
Régimen de Reiterancia, Concurso de Delitos y unificación de condenas es otra iniciativa despachada de la comisión de Laura Rodríguez Machado, desde el pasado 25 de septiembre, en conjunto con la Comisión de Justicia que encabeza el libertario Manuel Quintar. La norma busca agravar la situación procesal penal de los imputados que hayan cometido reiteración de delitos, terminar con la denominada puerta giratoria.
La Reforma para el Fortalecimiento Electoral es la iniciativa central para el presidente Milei, donde se contempla la eliminación de las elecciones primarias (PASO). La Reforma ingresó a Diputados el pasado 21 de noviembre, conformado por 67 artículos y tres títulos, con los objetivos de derogar las PASO y modificar el régimen de financiamiento de los partidos políticos y los procesos electorales. Al debate que propone el Ejecutivo se sumarán los proyectos de los diputados Juan Brügge de la Democracia Cristiana; Rocío Bonacci, de La Libertad Avanza; María Eugenia Vidal (PRO), que plantea una modificación para que las PASO no sean obligatorias; Juan Manuel Perdrini (UxP), que propone suspenderlas por este año electoral; y Federico Tournier (UCR-ELI de Corrientes) y Florencia Klipauka (LLA), que buscan eliminarlas.
Otro de los capítulos es el referido a los cambios a la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que busca reducir los aportes públicos a la mínima expresión, quitar los aportes extraordinarios vinculados a los procesos electorales y permitir el incremento de los aportes privados, que hoy tienen restricciones. Se eliminarán los aportes estatales de campaña, de impresión de boletas y solamente mantendrán los aportes públicos para el desarrollo de actividades partidarias a través del Fondo Partidario Permanente.
Por otro lado, ya están en consideración del Cuerpo que preside la vicepresidenta, Victoria Villarruel, los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, para la Corte Suprema de Justicia. Lijo ya cuenta con las nueve firmas reglamentarias: de los libertarios, el PRO, partidos provinciales y UxP, mientras que García-Mansilla llegaría al recinto sin el dictamen correspondiente, solo logró seis adhesiones de los senadores. Para aprobar cada pliego se necesitan los dos tercios de los legisladores presentes en el recinto, es decir, un acuerdo entre el Gobierno y el PJ que encabeza Cristina Kirchner, por la amplia mayoría de senadores que cuenta la bancada de UxP que encabeza José Mayans.
Por último, también está el proyecto de ley sobre Compensación e índice de actualización de quebrantos, que deberá ser considerado por las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados.
Fuente: TN
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