El Gobierno de Javier Milei se encuentra en plena elaboración de una Reforma Migratoria. El proyecto será presentado en el Congreso cuando comiencen las sesiones ordinarias. Buscan incrementar los controles y restricciones al acceso a la residencia.
En Casa Rosada avanzan con su intención de modificar la Ley de Migraciones 25.871, ya que consideran que en los últimos años no hubo un control directo de la presentación de la documentación de las residencias. A su vez, incluye el arancelamiento sanitario y universitario a extranjeros no residentes.
“Hay casos en los que los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina”, señalaron desde el Ejecutivo.
La medida que incluye a estudiantes de otros países también prevé restricciones a los inmigrantes ilegales que tienen hijos en el país y obtienen la residencia tras la confirmación de sus descendientes como ciudadanos argentinos.
Este trámite requiere la cédula de identidad o el pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. La intención del Ejecutivo es modificar el programa de regularización Patria Grande, que fue impulsado bajo la presidencia de Néstor Kirchner y regularizó 565.831 individuos hasta el 2007.
La iniciativa estableció que los ciudadanos de países miembros del Mercosur puedan obtener la residencia mediante la presentación de su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales.
El encargado de llevar adelante estas modificaciones es Sebastián Seoane, director nacional de Migraciones. La propuesta también incluye el arancelamiento sanitario y universitario a extranjeros no residentes, como aumentar el control fronterizo en el norte. Precisamente en Salta, este incluirá la presencia de agentes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura e Inteligencia Criminal en el límite con Bolivia.
Este último punto busca sumar colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno. Es por eso que la Casa Rosada impulsó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico de otros países que busquen operar en la Argentina.