Luego del veredicto del lunes pasado, los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa continúan juntos en el mismo pabellón de la Alcaidía N°3 de Melchor Romero que fue su hogar durante más de dos años. Su vida no cambió mucho: comparten las mismas celdas en esquemas de a dos y continúan con sus recreos de dos o tres horas en el patio, lejos del resto de la población carcelaria común.
Varios psicólogos los visitan a diario, algo que es relativamente común para condenados que enfrentan sentencias largas, o de prisión o reclusión perpetua. Todos ellos recibieron las visitas de sus familiares y allegados en la última semana.
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El problema, sin embargo, no es el presente, sino el futuro. La situación en la Alcaidía N°3 es transitoria. Hoy, se aguarda que el tribunal disponga sus traslados. Podrán ser separados para ser enviados a distintos penales. Dónde alojar a los condenados por el crimen más resonante de la última década supone un desafío para el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Los condenados por matar a Fernando Báez Sosa se encontrarán con el principal problema del SPB: el hacinamiento y la sobrepoblación. Las cárceles bonaerenses tienen una capacidad nominal para cerca de 30 mil detenidos. Hoy, superan los 52 mil, de acuerdo a datos oficiales. El penal de Campana, el más cercano a Zárate, sería el más idóneo para encerrarlos: la cercanía a las familias es un criterio que suele primar. Lo que ocurre en la práctica es otra cosa.
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