En una maratónica sanción, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para atender la situación de los deudores hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los tomadores.
Uno de los principales puntos del proyecto modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas. Además propone la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.
La iniciativa fue aprobada y girada al Senado con 134 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, y Provincias y la UCR, mientras que fue rechazado por 40 diputados del Pro, los libertarios, y la izquierda, mientras que 18 se abstuvieron, del Interbloque Federal y diputados de la UCR, Evolución Radical y Coalición Cívica, que le dio media sanción al proyecto de ley que busca aliviar a los deudores que tomaron créditos UVA.
El proyecto crea además el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH), para cubrir descalces entre el salario y UVA/UVI. Así, si el deudor se encontrara sin empleo, el fondo podría cubrir hasta tres cuotas y refinanciar el resto por un acuerdo entre las partes. Los beneficios de compensación que otorgará este Fondo sólo regirán para aquellos deudores que hayan tomado créditos menores a 120 mil UVAs o su equivalente en UVIs (Unidades de Vivienda).
Además, si el crédito fuera de hasta 200 mil UVAs el deudor contará con la cobertura de hasta las 120 mil UVAs, mientras que para los que superen los 200 mil no regirá ningún beneficio de compensación.
El «sistema integral de cobertura y promoción de Créditos Hipotecarios», fue impulsado por el mendocino Julio Cobos (UCR), quien aseguró que, «hoy no existe el crédito hipotecario porque se rompió la equidad contractual entre la evolución del salario y de la inflación», y por lo tanto celebró que se tuviera en cuenta la evolución de ese indicador para ajustar las cuotas.
«El problema existe, lo generó el mismo Estado cuando la inflación superó al poder adquisitivo, y aunque la propiedad se revalorice, quien adquirió estos créditos lo hizo para vivir, no para hacer negocios, y lo último que deja de pagar, es el de la casa en la que vive», aseguró Cobos y señaló que el proyecto es de consenso, no del oficialismo. «El proyecto de Martín Tetaz, de cuatro artículos, también fue incluido (dos artículos se incluyeron y dos se tomaron de forma parcial)», señaló el legislador nacional.
Cobos dijo que «cuando escuchamos que el problema no está porque no hay morosidad, pero no existe porque tuvimos mucho tiempo la cuota congelada y porque lo último que deja de pagar una persona es su vivienda».Defendió el dictamen de mayoría al afirmar que «lo construimos en base a once proyectos donde todos tuvimos que ceder algo» para alcanzar un acuerdo y dijo que «La magnitud del problema son 95 mil créditos, donde se pasa a la cuota hogar y se crea un fondo compensador con recursos de la secretaria de Vivienda, acá no está poniendo dinero el estado sino lo está poniendo el sistema bancario».
-La cuota a pagar el crédito hipotecario pasaría a estar determinada por el coeficiente de variación salarial, en base al índice RIPTE, pero si este superara a la inflación, se tomaría el valor que diera más bajo.
-La cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor, ni se podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo original.
-Los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente mediante un mecanismo que determinará el Banco Central.
-Se podrán deducir los pagos de Ganancias, por el equivalente de hasta tres salarios mínimos.
-El proyecto establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año.
El debate por los créditos UVA se sostiene en el Congreso Nacional desde hace más de un año, y se llegaron a presentar once proyectos con posibles soluciones para los deudores, hasta que finalmente se unificaron en una norma que fue aprobada en Diputados, con 134 votos a favor y 40 en contra, más 18 abstenciones, antes de pasar al Senado, en donde se esperan nuevas discusiones.
La iniciativa para paliar la situación de los tomadores de créditos UVA contó con el respaldo del Frente de Todos, la UCR, Interbloque Federal, y Provincias, pero fue rechazada por diputados del PRO y de Evolución radical.
La presidenta de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, explicó los detalles del dictamen de mayoría y preció que «el valor de la cuota a pagar por el deudor será determinado en función de la actualización mensual del saldo de capital por el índice actualizable por remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (IAR) determinado en la presente ley, u otra variante que se establezca en función de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)».
En tanto, el diputado de Evolución, Martín Tetaz, justificó el rechazo al proyecto al sostener que «el UVA es un muy buen mecanismo para permitir la existencia de créditos de largo plazo en países de alta inflación y por eso el planteo nuestro fue no crear un problema donde no existe». «No es un problema el mecanismo de los créditos UVA, el problema es la alta inflación que tiene la Argentina que crece menos que los salarios», agregó.
Por su parte, Ricardo López Murphy manifestó que «os créditos UVA no funcionan en el país, no por la inflación, sino porque el nivel de vida en la Argentina está bajando, fomentando así actividades que nos empobrecen e informalizando el mercado de trabajo».
La diputada del Frente de Todos Paula Penacca señaló que «estamos aquí intentando resolver un gran problema que nuestra gestión no generó, que se creó en el 2016 cuando el macrismo decidió romper el acceso a la vivienda que se implementaba desde el 2012 que fue el Procrear» y dijo que en el 2015 «dejamos una política con bajo nivel de endeudamiento».
En tanto, el legislador de la Izquierda, Nicolás Del Caño, planteó que «las casas sin gente de los grandes grupos inmobiliarios tienen que ser expropiadas y puestas en función de más necesidades sociales, no puede ser que siga habiendo casas sin gente y gente sin casas, tenemos que dar una solución».
El diputado de Avanza La Libertad y precandidato de Juntos por el Cambio, José Luis Espert, criticó el dictamen de mayoría al afirmar que «sería más cristalino de cara a la sociedad asignar una partida presupuestaria que diga: ‘vamos a subsidiar por este monto con los pagadores de impuestos’, para que los préstamos UVA tengan menos problemas de irregularidad».
Fuente: infobae.com
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