En el primer mes de 2021 ocurrieron 26 femicidios y 36 intentos, según informó la organización Mumalá-Mujeres de la Matria Latinoamericana, que exigió "la implementación urgente de todas las medidas económicas anunciadas por el Gobierno para víctimas de violencia de género y el colectivo travesti trans".
Según el listado difundido durante las últimas horas por el Observatorio de la mencionada agrupación, entre el 1 y el 31 de enero, se produjo un femicidio cada 27 horas. En el mismo período ocurrieron también cinco muertes violentas de mujeres vinculadas con el narcotráfico o con crímenes relacionados con venganzas o deudas.
Otros siete casos de mujeres asesinadas se encuentran en etapa de investigación, a la espera de la realización de autopsias o pericias complementarias para que la Justicia determine el contexto en que sucedieron los homicidios.
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A su vez, el registro señaló que 27 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres como consecuencia de esos hechos; y que 36 mujeres fueron víctimas de intentos de femicidio.
En el 59% de los casos, los femicidios fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares; y que otro 29% por hombres conocidos por las víctimas o integrantes de sus círculos íntimos.
Sobre el lugar de los asesinatos, el informe explicó que el 63% se concretó en las viviendas de las mujeres -donde residían solas o con sus parejas-, el 17% en la vía pública, el 8% en el espacio de trabajo de las víctimas y el 4% restante en los domicilios de los femicidas.
Por último, las cifras destacaron que el 25% de las mujeres asesinadas habían denunciado a su agresor; y que el 17% poseía una orden de restricción de contacto o perimetral y otro 4% contaba con un botón antipánico.
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"Seguimos exigiendo al Estado Nacional que declare la #EmergenciaNiUnaMenos, priorizando recursos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+", sostuvo Mumalá en un comunicado de prensa.
También demandó la puesta en marcha "sin burocracias ni clientelismo" de medidas económicas para las víctimas de violencia de género y para el colectivo travesti-trans, como los programas Potenciar Trabajo y Acompañar.
"Reclamamos la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la aplicación efectiva de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos los ámbitos del Estado, desde una perspectiva feminista, diversa y disidente", finalizó.
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