El Gobierno de Mendoza envió a la Cámara de Diputados el proyecto que tiene como objetivo la disolución del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS). Las funciones de regulación del sistema, del control de los servicios de agua potable y cloacas y los derechos de los usuarios estarán a cargo del Departamento General de Irrigación. En otras palabras, tendrá que controlar el servicio que da Aysam y a las prestadoras municipales, así como determinar los futuros aumentos en las facturas.
La norma detalla que Irrigación deber ser quien tenga que “intervenir activamente en la asignación del recurso hídrico”, ya que “tiene presencia permanente en el territorio” y “cuenta con una estructura institucional y de profesionales idóneos”.
Para el Gobierno, la elección del organismo que encabeza Sergio Marinelli es por la gestión que realiza en los recursos hídricos. Y remarcó su “profundo conocimiento del territorio mendocino y su capacidad técnica para abordar los desafíos del sector”.
Los argumentos del traspaso
La institución cuenta con una extensa red de infraestructura y personal especializado, lo que permitirá optimizar los procesos y reducir costos, de acuerdo con los fundamentos del proyecto oficialista.
Se señaló que “resulta necesario contar con un nuevo marco normativo que distribuya y asigne funciones en materia del servicio público de agua potable y saneamiento de acuerdo a la actualidad del sector, basado en un enfoque integral que abarque las diferentes modalidades de prestación de servicios en la provincia de Mendoza”.
Irrigación tendrá un rol central para establecer las pautas tarifarias y el control de la calidad del servicio, ya que se implementarán mecanismos más rigurosos para garantizar que el agua suministrada cumpla con los estándares de calidad establecidos.
El ente, según la iniciativa, “atenderá a objetivos económicos, sociales y ambientales, procurando en este caso el sostenimiento y promoción de los espacios verdes vinculados directamente con la prestación”.
También grafica que las tarifas deberán reflejar los costos de operación, mantenimiento, inversiones en expansión y renovación del sistema y amortización de los servicios y, en su caso, una retribución razonable para el operador, en el contexto de una administración eficiente
No obstante, Irrigación deberá presentar informes anuales de gestión; información actualizada de las empresas operadoras en la Provincia; índices de cumplimiento de los planes de inversiones y expansión del servicio y un espacio para reclamos y/o sugerencias de los usuarios.
Sobre el futuro de la planta de personal, el documento deja entrever una incorporación voluntaria al Ente Regulador o al operador Agua y Saneamiento Mendoza SAPEM, “siempre que ello se ajuste a las necesidades de la entidad y medie aceptación expresa por los interesados”.
Otra opción será la de “optar por aceptar la reubicación en otra dependencia de la Administración Pública Provincial, en el caso de ser posible y en la medida que se manifieste esa necesidad, o en su defecto, una desvinculación y cese laboral debidamente indemnizada”.
Fuente: El Sol
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