El Gobierno derogará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que obliga a los ministerios y organismos del Estado a la contratación de pólizas con Nación Seguros. Se trata de la norma que permitió que se armara un esquema de corrupción con el pago de comisiones a intermediarios con relaciones con el expresidente Alberto Fernández y también con otros funcionarios de su gobierno.
Según fuentes gubernamentales, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió a su equipo preparar la derogación de ese decreto, que fue dictado por Fernández en 2021 y sigue vigente a pesar de que la Justicia avanzó sobre el expresidente por maniobras con esas pólizas del Estado a favor de sus amigos, sobre todo el broker Héctor Martínez Sosa.
La cuestión se analizó cuando Nicolás Posse estaba a cargo de la Jefatura de Gabinete y el 11 de abril pasado, finalmente, se dictó una resolución que prohíbe la incorporación de «brokers» con los seguros de los organismos públicos, pero sin derogarse el decreto. En aquel momento, el argumento oficial fue que la anulación de aquella norma podría perjudicar los convenios en curso y que no «era necesario» para evitar eventuales irregularidades.
Además de la derogación del DNU 823/21 que generó ese esquema de corrupción con los seguros, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incluyó otras derogaciones de decretos que favorecen a empresas estatales en las compras de la administración pública nacional, como la obligación de que la administración pública nacional pague los salarios de sus empleados a través de cajas de ahorro del Banco Nación.
También se derogará el Decreto 1189 de ese mismo año que obligó a que el Estado Nacional compre para todos sus automóviles, camionetas, camiones, aviones y barcos, combustible de la petrolera YPF. El otro decreto que dejará de tener vigencia con la nueva norma que piensa dictar Javier Milei es el 1191/2012, que determina que todas las reparticiones nacionales compren sus pasajes de cabotaje y también sus vuelos al exterior a Aerolíneas Argentinas.
El fiscal Carlos Rívolo solicitó al juez Julián Ercolini que el teléfono celular del expresidente sea analizado no sólo en relación a la denuncia por violencia de género que efectuó la exprimera dama Fabiola Yáñez, sino también en la causa por presunta corrupción en la contratación de seguros.
Por ese caso ya habían sido peritados los celulares de María Cantero, secretaria privada de Fernández, y de su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa, sospechado como beneficiario en la adjudicación de pólizas. El teléfono de Fernández aún no fue requerido en este expediente.
Justamente, en el teléfono de Cantero surgieron diálogos con Yáñez en los que Fabiola Yañez afirmaba sufrir golpes de parte del exmandatario.
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