El Gobierno derogó 43 normas que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información que consideran innecesaria. También, se eliminó una resolución que exigía trámites para acceder al proceso de homologación de neumáticos.
Así fue oficializado mediante la resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, conducida por Pablo Lavigne. Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. Asimismo, establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.
A su vez, se derogó “una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos. Se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno”, señalaron fuentes oficiales.
En los considerandos de la resolución se indica que “se ha advertido la existencia de resoluciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y/o de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones relacionadas, como así también diversos programas que, en base al estado actual de la economía en general, se ha demostrado que no sirvieron a los fines que fueron dictadas, extremo que es de público y notorio conocimiento y, que adicionalmente, han importado un enorme dispendio de jurisdicción administrativa, utilizando ingentes recursos humanos y materiales que no han generado resultados positivos”.
Y agrega: “En consecuencia, resulta necesario alinear las políticas de regulación del mercado interno de modo tal que se lleve a cabo una desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y su consecuente traslado a los precios de los bienes y servicios para los consumidores”.
Estas medidas se suman a las 107 derogaciones desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el cual tiene como objetivo de disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia. Entre las normas ya eliminadas para normalizar el comercio exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) que generaba costos por USD 5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales.
Se puede mencionar además la eliminación del “canal rojo valor” para las importaciones, la derogación del uso de valores de referencia para exportaciones y la eliminación la participación de veedores sectoriales en el proceso de verificación aduanera.
En la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dio de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros. La medida más reciente fue la elevación de los límites para importaciones courier, que pasó de 1.000 a 3.000 dólares por envío, un monto similar al de los demás países de la región. No se abonarán aranceles por los primeros 400 dólares, siempre que sea un bien adquirido para uso personal. En estos casos, los productos sólo abonarán IVA.
Cabe destacar que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya envió al Congreso la “Ley Hojarasca” por el cual se propone “derogar normativas obsoletas que representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, entre otros abusos del Estado”. La iniciativa busca avanzar en la senda desreguladora, de reducción del estado y de desburocratización que se había iniciado con el DNU 70.
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