El presidente Javier Milei busca avanzar con su plan para la derogación definitiva de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Pero ante la falta de acuerdos en el Congreso y sin el llamado a sesiones extraordinarias, todo parece indicar que para el 2025 las PASO seguirán formando parte del calendario.
La situación genera expectativa e incertidumbre en la Justicia Electoral, donde se observa con inquietud la falta de decisiones concretas por parte de las autoridades políticas.
Aunque la legislación argentina no fija un plazo límite para modificar las normativas electorales, desde el ámbito judicial sostienen que cualquier ajuste debería realizarse antes de la convocatoria oficial a elecciones, que corresponde al Poder Ejecutivo.
Según las disposiciones vigentes, el presidente debe convocar a elecciones primarias al menos 90 días antes de su celebración, lo que establece como fecha tope el 5 de mayo próximo. En este caso la postura de Javier Milei es seguir firme con la eliminación, por lo que deberá lograr el consenso en el Congreso para que los tiempos no le jueguen una mala pasada.
Sin embargo, desde la Justicia Electoral alertan que el cronograma definitivo debería quedar establecido para abril. A partir de ese mes comienzan a correr los plazos legales necesarios para que los 24 distritos del país organicen el operativo electoral de cara a los comicios generales de octubre.
“Después de esa fecha, cualquier modificación en las reglas electorales podría ser política y jurídicamente cuestionable”, señalan fuentes judiciales.
La falta de convocatoria a sesiones extraordinarias en diciembre mantiene paralizado el debate legislativo, y el receso podría prolongarse hasta febrero si el Gobierno no alcanza en enero un acuerdo con sectores del peronismo para avanzar en la eliminación de las PASO.
La opción de suspender las primarias por única vez, una propuesta que cuenta con el respaldo de ciertos sectores de Unión por la Patria, tampoco logra consenso generalizado. El oficialismo requiere una mayoría absoluta para aprobar cualquiera de estas iniciativas, pero enfrenta divisiones internas en los bloques opositores, como el PRO y la UCR, lo que dificulta el avance.
La reforma electoral promovida por el Gobierno no se limita a la eliminación de las PASO. También contempla modificaciones en la ley de financiamiento de partidos políticos, como la disminución de los aportes estatales y la eliminación de restricciones a los aportes privados.
Fuente: El Sol
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