El Gobierno nacional puso en vigencia este domingo la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tras un reclamo histórico de las organizaciones feministas. La ley de aborto legal, seguro y gratuito fue sancionada tras aprobarse en la Cámara de Senadores de la Nación el pasado 30 de diciembre de 2020.
La aplicación de la IVE es “inmediata”, sostuvo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ya que se hace efectiva luego de 8 días transcurridos de su promulgación por parte del presidente Alberto Fernández, el pasado 15 de diciembre, por medio del decreto 14/2021.
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Tanto desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal como abogadas especialistas en temas de género manifestaron que la entrada en vigencia representa “un triunfo de la lucha colectiva”, y esperan que “se cumpla en todo el país con políticas educativas”.
“Hoy se reaviva la declaración que hicimos desde la Campaña el día de su aprobación en el Congreso: Este es un triunfo de la lucha colectiva y de los años de organización con el foco puesto en este derecho”, dijo Patricia Bustamante, integrante de la Campaña. Y remarcó que “la entrada en vigencia de la Ley es en todo el país y de orden público”.
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La ley establece un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento para acceder a la práctica en los servicios del sistema de salud o con su asistencia. Previo a la realización de la práctica, la mujer que se someta a la IVE deberá firmar un consentimiento por escrito.
La IVE dispone que los servicios de salud, las obras sociales nacionales y provinciales, y las empresas y entidades de medicina prepaga incorporen la cobertura integral y gratuita.
Qué establece la ley
En su promulgación, el Presidente vetó parcialmente el artículo 4, al que le agregó la palabra “integral” al referirse a la salud de la “persona gestante”, una modificación que permitió que la ley fuera finalmente aprobada.
“El aborto dentro de las primeras 14 semanas de embarazo (o dentro de las causales con posterioridad) ya es ley en absolutamente todas las provincias y se tiene que cumplir, con guías y protocolos o sin ellas, porque ya es legal”, explicó Bustamante sobre la entrada en vigencia de la IVE.
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Además, recordó que partir de la entrada en vigencia de la ley, también “se deberían terminar inmediatamente los procesos penales de quienes fueron criminalizadas por abortar, porque en la ley penal existe el beneficio de la retroactividad y esas personas deberían quedar sin antecedentes”.
“Es necesario hacer una revisión de los procesos penales y analizar los casos en que los abortos fueron disfrazados con figuras legales más gravosas, para que el peso de la ley caiga con mayor fuerza”, sostuvo.
En tanto, Celeste Mac Dougall, también integrante de la Campaña, coincidió con su compañera y agregó que “va a hacer falta una campaña por parte del Estado que establezca dónde y cómo se va a garantizar este derecho, debido a que existe la objeción de conciencia”.
Por otro lado, Mac Dougall refirió la necesidad de una política estatal que apunte a la educación y formación respecto de los derechos en general a todas las personas, “porque la ley IVE establece nuevos derechos”.
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Asimismo recordó un pedido histórico de la Campaña: “Que se garantice la producción pública de Misoprostol y Mifepristona, con el reconocimiento de la Anmat”, drogas reconocidas como “válidas para realizar abortos seguro”.
Pero además, también pidió que se aseguren las otras vías para realizar un aborto como “la provisión de lo que se necesita para la Aspiración Manual endouterina (Ameu) y la capacitación a los profesionales de la salud respecto de estas prácticas”.
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