En medio de intensas negociaciones y operaciones cruzadas, el futuro de la Ley Bases y del paquete fiscal, los dos proyectos emblemas del Ejecutivo, proyectaba un desenlace aún incierto en el Senado.
El oficialismo deberá reunir un mínimo de 37 legisladores, necesarios para iniciar el debate y aprobar las iniciativas. No obstante, por ahora solo tienen aseguradas 35 voluntades, mientras que del lado del rechazo conviven 34.
Guillermo Francos, el jefe de Gabinete que se puso al frente de las negociaciones, se mostró confiado respecto al resultado de la votación en general de este miércoles, aunque anticipó un escenario indefinido en torno a la discusión en particular en algunos de los capítulos más resistidos de ambos proyectos, como el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), las privatizaciones, el blanqueo, Ganancias o la delegación de facultades.
El Presidente escuchó algunos de los cambios que se barajan y estaría dispuesto a aceptarlos. Sin embargo, cerca de Milei aseguran que las facultades delegadas no son negociables.
Hasta la semana pasada, luego de la firma del dictamen de mayoría, el Gobierno parecía tener encaminada la aprobación en general del proyecto y sólo sacaba cuentas en los artículos que podrían generar más ruido. Pero la presentación de un dictamen propio por parte del presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, envalentonó al kirchnerismo.
Los apoyos que el Gobierno tiene afianzados en el Senado son aportados por un sector mayoritario de la UCR, Pro, provinciales y peronistas dialoguistas. En la vereda de enfrente se encuentran los integrantes de Unión por la Patria (UP) y Lousteau, quien defenderá su dictamen.
De esta manera, sin el piso de 37 avales, el Gobierno se arriesga a llegar al recinto con la posibilidad cierta de que los proyectos fundacionales de Milei no puedan convertirse en ley en lo que resta del año. Así lo determina la Constitución Nacional respecto de cualquier iniciativa desechada totalmente por una de las cámaras.
Son tres los senadores que todavía se resguardan en la zona de la indefinición y pueden inclinar indistintamente la votación: el radical Maximiliano Abad y los dos santacruceños, José Carambia y Natalia Gadano.
Abad fue el único radical que no acompañó ningún dictamen y abrió una incógnita respecto de su posición en el recinto. Tanto Carambia como Gadano llegaron a la Cámara alta con el andamiaje político del gobernador de su provincia, Claudio Vidal, pero se mueven con independencia. Ambos provienen de ciudades petroleras y votarán en contra de cualquier perjuicio al sector.
Un rechazo sería una enorme derrota política para el Gobierno. Si, en cambio, se aprueba en general, vendrá después una larga discusión por el articulado. De ser convalidado, volverá a la Cámara de Diputados ya que el dictamen en discusión es diferente al que llegó al Senado con media sanción.
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