La noticia de la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMNA) por dos semanas desde el próximo lunes 19 de abril tomó por sorpresa a muchos.
Desde los titulares de las carteras educativas nacional y porteña, que se habían manifestado en línea con sostener la presencialidad, pasando por los padres y hasta los especialistas en Infectología que repitieron en varias oportunidades que “las escuelas son un lugar seguro”.
En línea con el asombro colectivo, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en conjunto con Unicef emitieron este mediodía un comunicado en el que dejaron en claro que “la escuela es un lugar seguro y trabajar con niñas y niños no es un factor de riesgo”.
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“Desde el comienzo del aislamiento social y la suspensión de las clases presenciales establecidas como consecuencia de la pandemia COVID 19, la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef monitoreamos con preocupación el impacto en niñas, niños y adolescentes -resalta el texto difundido a los medios-. La escuela es indispensable para su desarrollo y bienestar, para la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de aspectos psíquicos y sociales. Su ausencia genera graves consecuencias para su salud, tanto emocionales como físicas”.
Y tras asegurar que “la escuela además constituye un sitio seguro mientras sus padres, madres y cuidadores/as trabajan, contribuyendo así́ a la actividad económica de la sociedad”, los expertos remarcaron que “es una herramienta de equidad social indispensable, particularmente en los grupos sociales más vulnerables”.
“Existe consenso internacional que aún en estados de pandemia, crisis o catástrofes, el marco legal está dado por los derechos humanos. La educación es un derecho humano fundamental, que tiene como finalidad garantizar una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes del país. La plena vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un compromiso de toda la sociedad y debe estar permanentemente presente en la agenda de las decisiones políticas y sociales”, señalaron los especialistas, quienes instaron a las autoridades “a que esta decisión de la no presencialidad escolar por las razones epidemiológicas de público conocimiento, sea durante el menor tiempo y lo más sectorizado posible”.
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En otro párrafo del documento, la SAP y Unicef “adhieren a las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas para ‘que nadie quede atrás’ y acompañan los Objetivos del Desarrollo Sustentable para el 2030, que priorizan la educación entre otros derechos”.
Con título “No al cierre de clases año 2021″, la solicitud expresa el impacto de lo que significaría permanecer otro ciclo lectivo con las escuelas cerradas. La iniciativa plantea que “los colegios no son foco de contagio, pero la falta de la educación es foco de ignorancia”. Y advierte: “No a las escuelas cerradas, sí al derecho a la educación”.
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