La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó una resolución por la cual los internos en cárceles federales estarán obligados a realizar tareas de limpieza y mantenimiento en los centros de detención donde se encuentren alojados.
La medida, que incluye tanto a condenados como a procesados, establece un plazo de hasta cinco horas diarias para estas actividades, las cuales no serán remuneradas. Aquellos que no cumplan con la disposición serán sancionados y se les restringirá el acceso a determinados beneficios.
Según el documento publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió “establecer la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de participar en tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”.
La medida se enmarca dentro de la ampliación del programa Manos a la Obra, impulsado por el SPF, cuyo objetivo es que los presos trabajen como parte de su estadía en los penales.
En octubre pasado, Bullrich presentó esta iniciativa en el complejo penitenciario de Ezeiza, acompañada por un grupo de mujeres privadas de la libertad. Durante el anuncio, la ministra destacó que la propuesta busca transformar el sistema penitenciario y reforzar la relación entre las personas privadas de su libertad y la deuda que tienen con la sociedad.
La resolución también subraya que estas acciones responden a los objetivos de reinserción social y reducción de la reincidencia, contemplados en la Constitución Nacional y en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Además, enfatiza que “la ociosidad de los internos fomenta la violencia y perpetúa una subcultura carcelaria vinculada al delito”.
Por último, el Ministerio de Seguridad argumentó que las tareas asignadas permitirán compensar los recursos invertidos por el Estado y contribuirán a mantener un ambiente ordenado en los penales.
Asimismo, aseguró que dichas actividades son esenciales para garantizar la limpieza y salubridad de los espacios, tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige que las cárceles sean “sanas y limpias”.
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