El conflicto entre los sindicatos aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas se intensificó aún más con el anuncio de un nuevo paro de 24 horas que comenzará este viernes al mediodía y se extenderá hasta el sábado. Esta medida provocó la cancelación de 319 vuelos y afectará a más de 37.000 pasajeros. La empresa calificó la protesta como “intempestiva, abusiva y fuera de contexto”, y acusó a los dirigentes gremiales de actuar de manera irresponsable.
El paro, impulsado por los gremios de pilotos y aeronavegantes, surge en respuesta a la falta de avances en sus reclamos salariales y a los recientes despidos de tres comandantes que se negaron a volar un avión que debía ser devuelto, argumentando que no querían apoyar el “achique” de la aerolínea.
Aerolíneas Argentinas estimó que las pérdidas económicas por esta medida superarán los 2,5 millones de dólares, debido a la pérdida de ventas y los gastos derivados de compensaciones, alojamiento y otros servicios a los pasajeros. La empresa informó que 28.000 de los afectados tenían vuelos nacionales, 5.500 iban a destinos regionales, y 3.500 viajaban al Caribe, Estados Unidos y Europa.
La compañía también intentó mitigar el impacto reprogramando vuelos y creando vuelos especiales para redistribuir el tráfico. Sin embargo, el conflicto continúa agravándose.
En paralelo, fracasó un intento de mediación de la CGT, que había buscado acercar al Gobierno con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). Las gestiones se realizaron en secreto entre el martes y miércoles, pero no prosperaron debido a que el Gobierno condicionó el diálogo a la suspensión del paro.
Además de APLA y AAA, otros dos sindicatos del sector, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), realizarán asambleas que afectarán las operaciones en Intercargo y las aerolíneas extranjeras.
Flybondi y Jetsmart también se verán afectadas. En el caso de la primera empresa, trasladará sus operaciones al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde este viernes al mediodía hasta el sábado debido a la incertidumbre sobre la prestación del servicio de rampa en Aeroparque.
Desde el Gobierno, las señales apuntan a una postura más firme frente a los gremios. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que el presidente Javier Milei firmó la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23, que establece los lineamientos para la prestación de servicios esenciales en la aviación civil comercial. Esta medida busca garantizar un porcentaje mínimo de servicios durante las huelgas, lo que podría imponer duras sanciones a los trabajadores que no la acaten.
Los sindicatos calificaron esta reglamentación como “arbitraria e ilegal” y advirtieron que compromete la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios.
Aerolíneas Argentinas, por su parte, anunció que demandará a los gremios por las pérdidas ocasionadas por la huelga, que ya superan los 2 millones de dólares. Además, la empresa ha aplicado descuentos salariales a más de 400 empleados que participaron en la protesta.
La tensión aumentó aún más con el despido de tres pilotos que se negaron a operar un avión Embraer que debía ser devuelto, lo que, según la empresa, causará una pérdida de “cientos de miles de dólares”. Aerolíneas descartó cualquier intención de “vaciamiento” y explicó que la devolución de la aeronave forma parte de las operaciones habituales.
El presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo, calificó la huelga como “salvaje” y criticó la actitud de los gremios. Sin embargo, el secretario general de APLA, Pablo Biró, defendió las medidas de fuerza, argumentando que los salarios del sector son “muy bajos”. Según Lombardo, los pilotos ganan entre 3 y 10 millones de pesos mensuales, con un promedio de 5,2 millones, lo que contrasta con las afirmaciones sindicales.
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