El Estado nacional le ordenó a la empresa belga Jean de Nul, encargada del dragado del canal de navegación del río Paraná, suspender las tareas con las cuales pretendía aumentar en medio metro la profundidad del cavado para compensar los bajos niveles de agua y permitir la circulación de los grandes buques de ultramar.
La compañía, a la que se le prorrogó por un año la concesión del servicio, había tomado la decisión atendiendo a los reclamos de las exportadoras y las navieras, y a su propio negocio ya que desde la privatización del mantenimiento de la vía, durante el menemismo, el peaje es su fuente de ingresos.
La profundidad del canal de navegación principal del río Paraná es clave para el paso de buques de gran calado y por ende capacidad de carga, como los llamados Panamax, que sacan por sus puertos alrededor del 80% de las exportaciones de granos y derivados del país.
El contexto actual de bajante extraordinaria, iniciada a principios del año pasado, generó preocupación en los actores del negocio. Jean de Nul anunció públicamente, pero no al dueño de la concesión, que es el Estado, la decisión de disponer cinco grandes dragas para profundizar el corredor navegable.
Varias organizaciones ambientalistas pusieron el foco en los riesgos de sobredragar el río en una bajante como la actual, la más pronunciada en el último medio siglo por su duración.
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