El Gobierno de Perú dispuso hoy el toque de queda en la zona andina de Puno, el centro de las movilizaciones, debido a las violentas protestas contra la actual presidenta Dina Boluarte que ya dejaron 18 muertos.
Además, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó la apertura de una investigación por presunto genocidio y otros delitos que involucran a tres ministros: "Ya hay una investigación abierta de diligencias preliminares de los hechos ocurridos en diciembre y el día de hoy estamos tomando la decisión de abrir una nueva carpeta fiscal".
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La investigación estará basada en "los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho".
El jefe de Gabinete Alberto Otárola, por su parte, anunció un decreto que impide la movilización en Perú: "Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 hasta las 4 de la mañana".
La última cifra de fallecidos ascendía a 17 este martes, aunque el número llegó a 18 en las últimas horas debido a la muerte de un policía, cuyo cuerpo calcinado fue encontrado ayer en la urbanización Tambopata.
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