El oficialismo buscará alcanzar este lunes un acuerdo con los bloques dialoguistas para sancionar esta semana el proyecto de ley de «Bases», que contempla una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, una amplia reforma del Estado y la privatización de unas 40 empresas públicas.
A contrareloj, el Gobierno nacional trabaja para terminar de conseguir los votos necesarios y no descarta realizar más modificaciones a la la denominada ley ómnibus, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo anunciara el pasado viernes la eliminación del capítulo fiscal del proyecto.
De esta manera no se tratarán los capítulos del dictamen de mayoría que establecían un aumento de las retenciones agropecuarias, un nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones desde abril, el blanqueo de capitales, los cambios en Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria.
Tras esa decisión del Gobierno se abrirá una nueva etapa de diálogo para lograr la sanción de esta iniciativa, cuyo debate estará centrado en la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en nueve materias, y las privatizaciones.
La sesión especial no fue aun solicitada por La Libertad Avanza (LLA) porque aguarda las conversaciones que se efectuarán con los bloques que firmaron con disidencia el dictamen de mayoría, pero de todos modos mantiene su decisión de hacer este martes la reunión del plenario del cuerpo.
Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, procurará alcanzar este lunes un acuerdo con los bloques del Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
¿Más cambios?
Durante este fin de semana, el gabinete de Milei ha mantenido una serie de reuniones en el que trataron los posibles cambios de ley ómnibus y los pasos a seguir de cara a las negociaciones que tendrán que llevar a cabo con la oposición previo al debate del próximo martes en Diputados.
Una modificación que está analizando el Ejecutivo es sacar el artículo de las facultades delegadas que exigió en un principio Milei. Pero hay un punto que preocupa principalmente a los gobernadores que han manifestado su preocupación por la baja recaudación que han tendido las provincias en el último mes.
En tal sentido, la decisión del Gobierno de dar marcha atrás en el mínimo no imponible de Ganancias, blanqueo o moratoria no cayó de la mejor manera en algunos miembros de la liga de gobernadores de JxC.
Por tratarse de la primera sesión que afrontará LLA en la Cámara de Diputados, y por la cantidad de temáticas que incluye la ley, el oficialismo debe aceitar la estrategia para conseguir, primero, los 129 votos que necesita para habilitar el quórum, y luego para lograr los respaldos para sancionar artículos clave de la ley.
Otro de los planteos que podría ayudar a destrabar la situación y que contribuiría a alcanzar mayores acuerdos sería la posibilidad de acotar las delegaciones de facultades para que no abarque la emergencia en salud y previsional, y declarar sí la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
Menem expresó ayer que es «optimista» sobre que el proyecto pueda aprobarse, aunque recordó que el bloque de LLA sigue siendo «minoría en la cámara de Diputados» por lo que «dependerá de la voluntad» de todos los legisladores.
Además de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el dictamen de mayoría contempla la privatización de unas 40 empresas, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y la reforma del Estado, donde se contemplan cambios en la estructura en la administración pública y un sistema de prescindibilidad de empleados públicos.
Sobre las privatizaciones, el despacho fija que en el caso de las empresas públicas Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
También se plantean diferencias entre el oficialismo y los bloques sobre el sistema de financiamiento de partidos políticos, ya que la nueva norma busca habilitar el aporte privado, que es rechazado por la UCR.
Otro punto esencial es que autoriza al Gobierno a realizar una reorganización de la administración pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la Justicia.
Además se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.
Otro punto contempla que los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios.
El dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta, al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de 30 personas en un espacio público, en lugar de las tres personas que establecía la iniciativa original.
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